La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que el costo total del proyecto ferroviario alcanzó los 550 mil millones de pesos, cifra que supera significativamente la estimación inicial. En este contexto de fiscalización, el organismo detectó irregularidades financieras por un monto de 87.8 millones de pesos en la cuenta pública de 2024. Los informes detallan que el Tren Maya presenta deficiencias administrativas principalmente en la integración de precios unitarios y la falta de documentación comprobatoria en servicios de supervisión técnica.
Irregularidades focalizadas en el Tramo 4
La mayor parte del daño al erario se concentra en el Tramo 4, que conecta Izamal con Cancún en los estados de Yucatán y Quintana Roo. Según la auditoría, se detectaron pagos en exceso por 79.7 millones de pesos en el contrato TM-TRAMO4/20-OI-04. Esta anomalía ocurrió debido a la integración incorrecta de precios unitarios extraordinarios para muros de contención. En este rubro, las constructoras consideraron costos de insumos como acero y concreto superiores a los pactados originalmente en el contrato del Tren Maya.
Además de estos montos, la ASF encontró otros 5.9 millones de pesos en pagos irregulares dentro del mismo sector de obra. Las empresas involucradas en estos contratos incluyen al Consorcio del MAYAB e ICA Constructora, entre otras filiales de infraestructura. Por lo tanto, el ente fiscalizador emitió las recomendaciones pertinentes para que las dependencias responsables aclaren el destino de estos recursos.
Deficiencias en la supervisión técnica y administrativa
Otro punto crítico revelado en el informe individual corresponde al contrato asignado a la empresa Senermex Ingeniería y Sistemas. En este caso, la ASF identificó pagos en exceso por 2.2 millones de pesos relacionados con informes de supervisión técnica. La auditoría señala que se pagaron informes al 100% a pesar de que la empresa solo entregó listados de reuniones. Los documentos esenciales, como los planos “As-builts” del Tren Maya, nunca se proporcionaron para validar el pago de dichas facturas.
Sin embargo, el informe también aclara que, de los 12 informes individuales publicados, muchas de las irregularidades iniciales fueron solventadas por Fonatur y la Sedena. Actualmente, el proyecto continúa en su fase de construcción para el segmento de carga tras haber sido inaugurado parcialmente en 2023. En conclusión, la fiscalización permanente busca garantizar que la inversión pública en infraestructura se apegue a la legalidad y transparencia.
