Diputados federales integrantes de la coalición oficialista aprobaron una asignación presupuestal estimada en 18 mil millones de pesos adicionales destinados. A los subsidios operativos del Tren Maya y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para el ejercicio fiscal 2027.
La modificación a la Ley Federal de Derechos se avaló en un lapso de dos horas. Durante la discusión en lo particular en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Tras presentarse una reserva presupuestal que modifica el porcentaje de distribución de los ingresos recaudados por cuotas migratorias a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Modificación fiscal y distribución de recursos
Durante el debate parlamentario, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público propuso elevar del 50 al 57 por ciento la proporción de los recursos obtenidos. Por el cobro de permisos de estancia a visitantes extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas que serán entregados directamente a las fuerzas armadas.
Esta cuota migratoria contempla un incremento nominal en su tarifa, estableciendo un flujo financiero sustancial. Que respaldará las operaciones de infraestructura estratégica administradas por el sector castrense.
Por su parte, legisladores de oposición criticaron la medida. Argumentando que dichos recursos fiscales solían destinarse anteriormente a fondear actividades de promoción turística a nivel nacional. Sin embargo, la mayoría legislativa defendió la reorientación presupuestaria señalando que los fondos permitirán garantizar la viabilidad financiera. Además de el mantenimiento operativo, la administración y la conclusión de proyectos prioritarios como el Tren Maya, optimizando el uso de los recursos públicos federales.
Destino operativo y control de los fondos presupuestales
La modificación aprobada al artículo 18A de la Ley Federal de Derechos estipula que los recursos asignados a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y podrán utilizarse de manera flexible para la construcción, planeación, adquisición de equipo y prestación de servicios vinculados a las megaobras del gobierno federal.
Adicionalmente, el esquema financiero contempla que un 15 por ciento de la recaudación sea canalizado al Instituto Nacional de Migración para reforzar los programas de seguridad fronteriza y control migratorio en el país.
El 28 por ciento restante de los ingresos por este concepto se destinará directamente a la Tesorería de la Federación sin un destino específico predeterminado, lo que generó cuestionamientos sobre la fiscalización del gasto. A pesar de los debates y las reservas presentadas por las bancadas opositoras, el dictamen continuará su trámite legislativo dentro del paquete económico previsto para regir el próximo año en todo el territorio nacional.




