La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso sanciones históricas contra 39 servidores públicos federales por cometer diversas infracciones administrativas consideradas de gravedad. Entre las resoluciones dictadas destaca una multa solidaria que asciende a mil 192 millones 500 mil pesos dirigida a un grupo de exoperadores técnicos. Los principales implicados pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes además recibieron una inhabilitación definitiva para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 20 años.
De acuerdo con el dictamen de las autoridades fiscalizadoras, el desfalco patrimonial derivó de la adquisición irregular de miles de componentes tecnológicos innecesarios.
Adquisiciones innecesarias y el esquema de fraude en la CFE
Por un lado, el expediente integrado demuestra que las anomalías financieras ocurrieron originalmente durante el ejercicio fiscal de 2017. Los tres funcionarios inhabilitados de la CFE son Roberto ‘V’, adscrito al área de Distribución; Alberto ‘M’, del laboratorio de equipos y materiales; y José ‘Q’, empleado en la división de suministro de servicios básicos. Adicionalmente, las auditorías incluyeron a un trabajador de la dirección corporativa de operaciones dentro de la red de responsabilidades. Los auditores comprobaron que este grupo gestionó la contratación y colocación de 82 mil optimizadores de tensión que la infraestructura eléctrica nacional no requería.
Por esta razón, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa fundamentó los castigos económicos y las suspensiones bajo los lineamientos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los comités de fiscalización de la CFE continuarán revisando los contratos de proveeduría antiguos para identificar otros posibles esquemas de colusión con empresas del sector privado.
Sanciones adicionales en Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria
Por otro lado, la estrategia de combate a la corrupción también alcanzó a funcionarios de otras dependencias de la administración pública. Carlos ‘M’, administrador de la Región Golfo Centro en el Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales de la Secretaría de Hacienda, recibió una inhabilitación de 8 años. El exservidor público deberá pagar además una penalización de 4.9 millones de pesos por realizar depósitos injustificados a sus cuentas personales en 2019.
Asimismo, la secretaría reportó amonestaciones en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), donde un descuido operativo provocó el derrame de 2 mil 679 litros de combustible. En conclusión, las autoridades federales mantendrán vigentes las brigadas de inspección contable para garantizar la correcta aplicación del presupuesto y consolidar la transparencia en las instituciones del Estado mexicano.
