La central geotermoeléctrica Los Azufres genera actualmente el 40 por ciento de la energía geotérmica de todo México, operando en una extensión de 83 kilómetros cuadrados. Sin embargo, los habitantes de la comunidad otomí San Matías El Grande denuncian que esta productividad tiene un costo humano devastador. Desde hace más de tres décadas, coincidiendo con la instalación de la planta, la población ha registrado un incremento drástico en casos de insuficiencia renal. Por esta razón, las autoridades comunales responsabilizan directamente a la CFE por la presunta contaminación de los manantiales con desechos químicos.
Compromisos oficiales y demandas de la comunidad
Tras diversas manifestaciones en la ciudad de Morelia, la CFE y autoridades federales acordaron implementar medidas de mitigación en la región. El plan incluye la instalación de una clínica especializada con equipos de diálisis y hemodiálisis para atender a los 7 mil habitantes de la localidad. Asimismo, el comité interinstitucional recientemente integrado busca frenar los daños a la salud que afectan a más de 20 mil residentes de la zona oriente michoacana. No obstante, los pobladores exigen que la empresa pública reconozca su responsabilidad en la filtración de metales pesados hacia los veneros de agua.
Ciertamente, investigadores de la Universidad Michoacana han detectado la presencia de minerales peligrosos como mercurio, arsénico, plomo y boro en el agua de San Matías. Los científicos evidenciaron que el manejo de residuos por parte de la CFE presenta fallas que comprometen la seguridad del líquido vital. A pesar de estas pruebas, la institución sostiene que opera bajo estándares técnicos estrictos y que sus procesos de generación no producen sustancias tóxicas. Debido a esta postura, los residentes discrepan de los comunicados oficiales, señalando que las defunciones por males renales afectan incluso a niños y adolescentes.
Insuficiencia médica y amenazas de movilización
Actualmente, la Unidad de Hemodiálisis de Ciudad Hidalgo cuenta con 15 máquinas para atender a casi 100 enfermos, una cifra que resulta insuficiente. Tan solo en San Matías existen aproximadamente 50 personas que requieren tratamiento especializado de forma urgente. Puesto que la detección temprana es difícil por la falta de síntomas claros, muchos pacientes llegan a los especialistas cuando el daño es irreversible. Por lo tanto, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán ha advertido que bloquearán las instalaciones de Los Azufres si no hay avances en la reparación del daño.
En conclusión, la tensión entre el desarrollo energético y la salud pública en Michoacán exige una intervención técnica transparente y humanitaria. La comunidad otomí demanda estudios de suelo y aire que complementen las investigaciones hídricas ya realizadas en la zona de influencia de la CFE. Finalmente, la estabilidad de la región dependerá del cumplimiento de los acuerdos para garantizar el acceso a agua limpia y servicios médicos dignos. Solo a través de una fiscalización ambiental rigurosa se podrá determinar el impacto real de la geotermoeléctrica en la vida de los habitantes originarios.
