Entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2026, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectó siete casos de huachicol de agua en al menos cuatro estados de la República: Oaxaca, Baja California Sur, Tabasco y Puebla, según los reportes oficiales de la dependencia federal.
Las acciones operativas permitieron clausurar pozos profundos clandestinos, inhabilitar redes de distribución no autorizadas y frenar la extracción ilegal destinada a la venta irregular mediante pipas comerciales.
Los operativos realizados en este periodo superaron las cinco intervenciones registradas durante el mismo lapso del año previo, evidenciando una mayor fiscalización sobre los recursos hídricos nacionales.
Operativos en Baja California Sur y Puebla contra el huachicol de agua
Las inspecciones técnicas coordinadas con corporaciones de seguridad permitieron frenar extracciones masivas en regiones con severos problemas de escasez. En Cabo San Lucas, Baja California Sur, la Conagua clausuró dos aprovechamientos irregulares que extraían un promedio de 16 litros por segundo cada uno, abasteciendo diariamente a unas 120 pipas comerciales y agravando el déficit del acuífero local, estimado en 24 millones de metros cúbicos anuales.
Asimismo, en la localidad poblana de San Pablo Xochimehuacan, las autoridades intervinieron una línea de conducción del sistema operador estatal el pasado 6 de junio. En este punto estratégico se frenó el robo de aproximadamente 40 litros por segundo, logrando recuperar cerca de 3.5 millones de litros de agua potable que se comercializaban de forma ilícita en el mercado negro.
Sanciones legales y combate al huachicol de agua
El marco normativo vigente establece severos castigos para quienes participan en la extracción clandestina de recursos hídricos. De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, las multas económicas pueden alcanzar las 30,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a más de 3.5 millones de pesos, además de la clausura definitiva de instalaciones, revocación de concesiones y decomiso de maquinaria pesada.
Adicionalmente, el Código Penal Federal tipifica la extracción ilegal como un delito ambiental grave que contempla penas privativas de la libertad que oscilan entre uno y nueve años de prisión. Las dependencias federales reiteraron que mantendrán los operativos de vigilancia para proteger las cuencas del país y sancionar el huachicol de agua en todas sus modalidades.
