David Razú, director general de Afore XXI Banorte analiza la más reciente reforma de pensiones presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El pasado lunes 5 de febrero, López Obrador presentó la iniciativa de reforma de pensiones.
Su objetivo principal es garantizar a los trabajadores de la generación Afore, aquellos que comenzaron a cotizar a partir de julio de 1997, pensiones que reflejen fielmente los últimos salarios de sus carreras laborales.
Esta propuesta merece un análisis detenido.El propósito central de la reforma es mejorar la tasa de reemplazo, un objetivo sin duda loable.
David Razú analiza la evolución de las pensiones en México
La estructura previa del sistema de pensiones, vigente desde 1997 hasta 2021, se centró en contener los costos fiscales y en fortalecer el sistema financiero, relegando los derechos de los trabajadores.
Esta estrategia subestimó el hecho de que la mayoría de los trabajadores formales no alcanzarían pensiones equivalentes al menos a un salario mínimo, ajustado por inflación desde 1997.
Esta discrepancia dejó una deuda pendiente que ahora, 25 años después, la administración actual se enfrenta a abordar.
Para enfrentar esta situación, en 2019 se aprobó la reforma constitucional que estableció la pensión para adultos mayores, seguida en 2020 por la reforma de las cuentas individuales.
Estas reformas, como se ha discutido anteriormente, establecieron el modelo mixto mexicano, evitando que los primeros jubilados de la generación Afore se encontraran sin pensión o con pensiones insuficientes en su gran mayoría.
Sin embargo, incluso con la reforma de 2020, los trabajadores de la generación Afore seguían teniendo pensiones inferiores a las de la generación anterior (Ley 73).
La iniciativa de 2024 busca abordar esto mediante la introducción de un tercer pilar, el solidario, que trae consigo varios beneficios significativos.
Los puntos más relevantes de la reforma al sistema de pensiones
En primer lugar, al centrarse en aumentar la tasa de reemplazo, la iniciativa reconoce un pasivo real que anteriormente no se había contabilizado adecuadamente.
Algunos analistas han argumentado erróneamente que la reforma de 1997 eliminó este pasivo al abolir el régimen solidario de la Ley 73.
Sin embargo, las pensiones resultantes no eran suficientes. Los jubilados que, sin las reformas actuales, se hubieran quedado sin pensión o con pensiones insuficientes, representaban de todas formas una obligación para el Estado mexicano, aunque no estuviera reconocida formalmente.
Esta era una deuda histórica que tanto la reforma de 2020 como la iniciativa actual buscan abordar.
En segundo lugar, la propuesta aprovecha la infraestructura institucional ya existente al mantener el sistema de cuentas individuales.
Esto preserva los beneficios del actual sistema de ahorro para el retiro, incluyendo un mayor ahorro interno, una macroeconomía más saludable y una fuente de inversión institucional crucial para el país.
En tercer lugar, la iniciativa fomenta la calidad y la duración del empleo al incentivar la formalidad laboral y al agregar un nuevo incentivo para aquellos trabajadores que decidan esperar hasta los 65 años para jubilarse, sin quitar derechos a los que deseen hacerlo antes.
En cuarto lugar, busca nivelar los derechos entre los trabajadores que cotizan en el IMSS y en el Issste, lo que promueve la equidad y eficiencia del sistema.
Finalmente, David Razú argumenta que la iniciativa de reforma de pensiones tiene el potencial de fortalecer significativamente el modelo mixto mexicano de pensiones.
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