La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) puso en consulta pública su proyecto para crear una Ley de Audiencias una propuesta que ha generado un intenso debate entre especialistas, juristas y periodistas por sus posibles implicaciones para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Aunque el proyecto incorpora medidas para fortalecer los derechos de las audiencias, diversos analistas advierten que algunas disposiciones podrían propiciar mecanismos de censura o autocensura en los medios de comunicación.
Uno de los puntos más controvertidos es la obligación de distinguir entre información y opinión en los programas de radio y televisión. La abogada Mariana Calderón Arámburu señaló que, en la práctica periodística, los hechos suelen presentarse acompañados de contexto y análisis, por lo que resulta complejo establecer una separación absoluta entre ambos conceptos.
La periodista Bibiana Belsasso coincidió en que la explicación de los acontecimientos requiere elementos de interpretación, lo que dificulta aplicar esa diferenciación de manera estricta.
Otro aspecto que preocupa a especialistas es el denominado “efecto inhibidor”. Calderón Arámburu advirtió que los concesionarios podrían modificar sus contenidos para evitar procedimientos administrativos o sanciones, mientras que Belsasso consideró que el riesgo de multas podría incentivar la autocensura en espacios informativos.
El procedimiento de quejas también ha sido cuestionado. El proyecto establece que las Defensorías de las Audiencias atenderán inicialmente las inconformidades y, en caso de incumplimiento, podrá intervenir la CRT. El analista Javier Tejado Dondé planteó dudas sobre quién podrá presentar denuncias, cómo se evitarán abusos y qué criterios utilizará la autoridad para determinar posibles incumplimientos.
¿Cuándo podría aprobarse?
Especialistas también ubicaron la discusión en un contexto político marcado por las reformas institucionales recientes y el proceso electoral de 2027. No obstante, destacaron como un aspecto positivo que la propuesta permanezca en consulta pública durante 20 días hábiles, lo que permitirá recibir observaciones antes de una eventual aprobación.
La CRT sostiene que los lineamientos buscan garantizar derechos como recibir información veraz, diferenciar la publicidad del contenido informativo, ejercer el derecho de réplica y mejorar la accesibilidad mediante subtitulaje y lengua de señas. Asimismo, establece la obligación de que las concesionarias cuenten con un Código de Ética y una Defensoría de las Audiencias.
El debate, sin embargo, continúa centrado en si las nuevas reglas lograrán proteger a las audiencias sin afectar la independencia editorial y la libertad de expresión en los medios electrónicos.
