En un escenario global marcado por la incertidumbre económica y las tensiones comerciales con Estados Unidos, México enfrenta el reto de fortalecer sus finanzas públicas en la antesala de la presentación del paquete económico para 2026.
En este contexto, se vuelve necesaria una revisión al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas alcohólicas, el cual es ineficiente, regresivo y desconectado de los objetivos de salud pública. Una transformación de este impuesto podría elevar la recaudación entre 15,000 y 25,000 millones de pesos anuales sin aumentar las tasas nominales.
Un impuesto que castiga la calidad
El IEPS vigente grava un porcentaje sobre el precio de venta (esquema ad valorem), lo que provoca distorsiones notables: un tequila o mezcal de Denominación de Origen paga más impuestos que un aguardiente barato de mayor graduación alcohólica, simplemente por su valor en el mercado. En la práctica, el sistema encarece productos regulados y de calidad, mientras hace más accesibles las bebidas más económicas y conalto riesgo sanitario.
Además, el IEPS actual golpea con fuerza a microcervecerías nacionales y pequeños productores, que enfrentan los mismos porcentajes que gigantes propiedad de consorcios extranjeros como Grupo Modelo o Heineken, pero con costos de producción mucho más altos. Para un consumidor, una cerveza artesanal puede ser hasta 16% más cara que una industrial, solo por el impuesto.
El peso de la industria
Lejos de ser un sector marginal, las bebidas alcohólicas son un pilar económico del país. La cerveza es el producto agroindustrial número uno de exportación, con ventas externas por más de 6,000 millones de dólares en 2023; uno de cada cinco vasos de cerveza que se beben en el mundo es mexicano. El tequila, por su parte, aportó más de 4,400 millones de dólares en exportaciones ese mismo año, consolidándose como embajador global de la cultura mexicana.
El impacto social también es contundente: más de 700 mil empleos dependen de la industria cervecera y alrededor de 70 mil trabajadores participan en la cadena del tequila, desde jimadores hasta destilerías y turismo asociado.
Un entorno comercial adverso
La reelección de Donald Trump en 2024 reconfiguró la relación bilateral. Para sectores exportadores como el de bebidas alcohólicas, que dependen en más de 80% del mercado estadounidense, este nuevo riesgo comercial se vuelve una amenaza constante. El crecimiento económico de México para 2025 se estima en apenas 0.2%, muy por debajo de lo esperado. En ese contexto, el gobierno mexicano ha intentado blindar a su industria con programas como el Plan México y los Polos de Desarrollo, además de relanzar la estrategia “Hecho en México” para posicionar productos nacionales como sinónimo de calidad e identidad. Pero sin un esquema fiscal moderno esas estrategias quedan cojas.
Una alternativa: el modelo ad quantum
La propuesta viable es migrar hacia un modelo ad quantum, en el que el impuesto se calcula según la cantidad de alcohol puro contenida en cada bebida. De esta forma, un litro de tequila, un vino o un cooler pagarían en proporción al etanol que aportan, sin importar el precio de la botella.
Este sistema, aplicado en más de 80 países y recomendado por la OCDE y la Organización Mundial de la Salud, tendría múltiples beneficios:
• Haría más justo el impuesto: paga más quien consume más alcohol, no quien elige una marca premium.
• Desincentivaría el consumo nocivo, especialmente en jóvenes, al encarecer productos baratos y de alta graduación.
• Reduciría la evasión y el mercado informal, que en el caso de destilados se estima alcanza hasta 42.5% del consumo.
• Simplificaría la fiscalización, al cobrarse en el primer punto de comercialización.
• Podría indexarse a la inflación a través de la UMA, evitando el desgaste político de ajustes anuales.
Salud pública y aceptación política
Los argumentos no son solo fiscales. El alcohol es responsable de más de tres millones de muertes al año en el mundo, de acuerdo con la OMS. En México, un tercio de la población ha incurrido en consumo excesivo y uno de cada seis adolescentes también lo ha hecho. El actual IEPS, diseñado más como una caja recaudatoria, no ha tenido efectos reales en reducir esta crisis sanitaria.
Además, políticamente la reforma podría ser más viable que otras opciones de recaudación, como subir el IVA o crear impuestos a la herencia, iniciativas que en el pasado fueron rechazadas de plano. Al no implicar un aumento de tasas, sino una redistribución más equitativa, el cambio al modelo ad quantum podría ser socialmente aceptable. La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado entrever apertura a revisarlo, siempre que no signifique un golpe al consumidor.
Riesgos y oportunidades
El reto está en la implementación. Es un hecho que habrá resistencias de grandes corporativos acostumbrados al esquema actual y de actores políticos que teman el costo electoral de una reforma fiscal integral. Sin embargo, no actualizar el IEPS podría ser más riesgoso: se perpetuaría la evasión, la competencia desleal y el impacto negativo en salud pública.
Por otro lado, la transición abre oportunidades para proteger a productores con Denominación de Origen, otorgar facilidades a artesanales y destinar la recaudación adicional a proyectos regionales, en línea con el Plan México. Con ello, el impuesto dejaría de ser un simple mecanismo recaudatorio y se convertiría en un instrumento de desarrollo y justicia tributaria.
Una política de Estado
En suma, modernizar el IEPS no es solo cuestión de números: se trata de definir una política de Estado que articule salud, equidad y competitividad en un sector estratégico para México. El país tiene la posibilidad de liderar en América Latina con un modelo fiscal innovador que alinee sus incentivos con el bienestar de la población y el fortalecimiento de la industria.
El momento para hacderlo es ahora: aprovechar la coyuntura internacional, la popularidad dek gobierno, la necesidad de ingresos públicos y el consenso técnico para empujar una reforma que cambie las reglas del juego. De no hacerlo, México corre el riesgo de quedarse con un sistema que castiga la calidad, premia la informalidad y no protege a quienes más lo necesitan.
