¡AH CARAY! “La reforma energética de Morena frena las inversiones”. Así, sin rodeos, lo dejó entrever Washington en su informe anual de barreras comerciales.
Y no es un regaño cualquiera: llega a tres meses de la revisión del T-MEC, con la mira puesta en cómo México trata a CFE y Pemex frente a los privados.
Para la Casa Blanca, la reforma energética Morena frena inversión porque reordena el tablero para priorizar a las estatales y complica el acceso de capital y tecnología de empresas estadounidenses.
Qué dijo EU y cuándo
El 31 de marzo de 2026, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) publicó su National Trade Estimate (NTE) 2026.
El documento que año con año lista los obstáculos que enfrentan exportadores e inversionistas de ese país.
En el capítulo de México, el USTR fue directo.
Desde 2018 se han acumulado medidas que consolidan la primacía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex), y eso constituye una barrera indebida para la inversión de empresas de EU.
Como ejemplo, el reporte recordó que en octubre de 2024 se ratificó una enmienda constitucional que reclasificó a CFE y Pemex como “empresas públicas”.
Este movimiento redujo los márgenes de acción del capital privado en generación, combustibles y, por rebote, en cadenas industriales que dependen de energía competitiva.
El mensaje no es menor ni aislado.
A lo largo de 2025, el USTR ya venía advirtiendo sobre demoras, negativas o revocaciones de permisos energéticos que afectan importación, almacenamiento y comercialización de combustibles, además de trabas a nuevos proyectos de generación privados.
El NTE 2026 actualiza y refuerza ese diagnóstico en un contexto más sensible: la revisión del T-MEC de julio de 2026.
En cristiano: la narrativa estadounidense es que la cancha está dispareja y que el trato preferencial a CFE y Pemex, por diseño legal y por práctica administrativa, enfría el apetito inversor.
Para subrayar el tono, medios financieros en México recogieron pasajes del informe donde se apuntan impactos muy concretos: incertidumbre regulatoria, restricciones a productores independientes para vender su energía y cambios de reglas que, de facto, encarecen o posponen decisiones de inversión.
Incluso, se documentan reclamaciones por pagos diferidos que, al 31 de diciembre de 2025, aún sumaban miles de millones de dólares en ciertas ramas vinculadas al sector energético.
Un daño colateral que se traduce en tesorerías tensas y proyectos a medio gas.
Dónde aprieta la reforma de Morena
Para entender por qué la reforma energética de Morena frena inversión no es una exageración retórica, hay que mirar las palancas institucionales y de mercado que modificó.
La reclasificación de CFE y Pemex como “empresas públicas” alteró la lógica que, desde 2013, había introducido competencia acotada y esquemas de asociación público-privada bajo reglas relativamente claras.
Con el nuevo marco, el Estado mexicano no solo reafirma control en segmentos estratégicos; también concentra decisiones clave sobre permisos, despacho y acceso a infraestructura.
Factores más importantes
1) Certidumbre y costo de capital. La inversión energética es intensiva en CAPEX y altamente dependiente de plazos y reglas estables.
2) Competencia y despacho. La prioridad operativa a CFE (en electricidad) y las ventajas regulatorias a Pemex (en combustibles) reducen la presión competitiva para mejorar eficiencia y precios.
3) Señales para 2026-2030. El NTE 2026 funciona como un semáforo para consejos de administración y fondos: si EU percibe que hay trato discriminatorio hacia sus empresas, el capital se vuelve selectivo.
La polémica no es solo filosófica (soberanía vs. apertura). Hay expedientes concretos.
¿Cuál es el mensaje para los inversionistas?
Ahora bien, objetividad ante todo: el Gobierno mexicano argumenta que reforzar a CFE y Pemex es una apuesta por seguridad energética, tarifas más estables y mayor control sobre cadenas críticas (refinación, gas natural, transmisión).
También sostiene que hay espacio para inversión privada, pero bajo prioridades públicas definidas por el Estado.
El problema es que el mercado lee las señales por sus incentivos, no por su narrativa: si el riesgo regulatorio sube, el ROI proyectado baja.
