De acuerdo con los peritajes satelitales procesados por organizaciones civiles, la mancha de combustible afectó una extensión de más de mil 100 kilómetros de costa en el litoral atlántico. Por consiguiente, la representación jurídica de Greenpeace México presentó dos denuncias formales ante los organismos de seguridad industrial del sector energético.
De esta manera, los activistas buscan detener la opacidad administrativa y asegurar la asignación de recursos para la remediación de los suelos marinos. Los informes confirman que los ecosistemas de los estados de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas registran severas afectaciones biológicas debido al contacto prolongado con residuos pesados.
Acciones legales ante la ASEA y el impacto comunitario denunciado por Greenpeace México
La llegada de chapopote a los sistemas lagunarios perjudica de forma directa el sustento económico de las cooperativas pesqueras de la región. Ciertamente, los portavoces de Greenpeace México interpusieron el primer recurso legal ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente.
Puesto que la infraestructura de la plataforma Abkatún Cantarell registró fugas operativas desde febrero, se demanda identificar a los mandos responsables del mantenimiento. De igual manera, las comunidades rurales denuncian que los programas oficiales de limpieza concentraron sus esfuerzos exclusivamente en los destinos turísticos de fácil acceso.
Auditorías internas en el sector hidrocarburos y la exigencia de transparencia institucional
El ocultamiento deliberado de información técnica sobre desastres industriales violenta las disposiciones constitucionales en materia de derecho a un medio ambiente sano. Por esta razón, la segunda vertiente de la estrategia de Greenpeace México promueve una indagatoria ante la Unidad de Responsabilidades de la petrolera estatal.
Debido a que las gerencias operativas negaron la existencia de la fuga durante 46 días consecutivos, el comité ambiental exige deslindar responsabilidades directas. Asimismo, las comisiones de fiscalización ciudadana vigilarán que los procedimientos de separación del cargo de los funcionarios implicados se apeguen al marco legal.
