La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) oficializó la incorporación de 10,516.11 metros cuadrados de terrenos nacionales en Quintana Roo para las obras del Tren Maya.
Esta medida busca regularizar superficies clave para el desarrollo, planeación y ejecución del proyecto ferroviario, asegurando la propiedad federal en zonas estratégicas de la entidad. Las autoridades realizaron las mediciones y deslindes necesarios, confirmando que los predios carecían de antecedentes registrales previos.
Avances en la regularización jurídica del Tren Maya
El polígono más grande se localiza en el municipio de Bacalar, abarcando 9,669.93 metros cuadrados. Esta cifra representa aproximadamente el 91% del total regularizado recientemente. En el municipio de Benito Juárez, las autoridades destinaron otros 846.18 metros cuadrados distribuidos en seis puntos del Tramo 5. Dichas áreas son fundamentales para garantizar el derecho de vía y facilitar la continuidad de los trabajos operativos.
El Gobierno federal implementó este proceso con el objetivo de dar certeza jurídica al proyecto. Además, esta gestión evita posibles afectaciones a derechos agrarios, pues los predios se encuentran fuera de ejidos o comunidades certificadas. La colaboración con el Registro Agrario Nacional y los catastros locales permitió verificar cada polígono sin recibir inconformidades durante la convocatoria pública.
Importancia de la infraestructura y desarrollo regional
La regularización de estos terrenos baldíos resulta esencial para cumplir con los estándares técnicos y legales requeridos. Al incorporar formalmente estas tierras, el Estado mexicano consolida el control sobre el trazado ferroviario y sus instalaciones asociadas. Asimismo, esta acción refuerza la capacidad operativa del proyecto en ambas regiones del estado.
Más allá de los metros cuadrados incorporados, el proceso refleja el compromiso administrativo con la infraestructura nacional. El uso de predios propiedad de la nación simplifica la logística constructiva. Finalmente, estas acciones permiten que el desarrollo del proyecto avance bajo un marco jurídico transparente. De esta manera, el gobierno sigue integrando los espacios necesarios para conectar diversos puntos estratégicos a través del sistema ferroviario.
