Una investigación periodística reveló que una red de Huachicol Fiscal introdujo combustible al país utilizando 10 carrotanques enviados desde la refinería Deer Park durante el año 2025.
Los reportes judiciales indican que los documentos aduanales declararon inicialmente 100,000 litros de producto, pero los peritajes técnicos descubrieron un volumen real de un millón 32,680 litros de gasolina, generando una evasión fiscal cercana a los 10 millones de pesos.
Operación logística y discrepancias en aduanas
La refinería texana pertenece en su totalidad a Petróleos Mexicanos desde 2022, tras una compra impulsada por la administración federal anterior. Las indagatorias ministeriales señalan que los volúmenes detectados desde esta planta representan casi el 6% de los 18 millones de litros que la Fiscalía General de la República atribuye formalmente a la red comercial operada por la empresa Ingemar.
Las discrepancias entre los volúmenes declarados ante las autoridades aduaneras y las mediciones reales permitieron eludir el pago de gravámenes obligatorios. Este esquema de contrabando documentado en los expedientes judiciales demuestra fallas en los controles de salida de combustibles en el extranjero, afectando directamente las finanzas públicas nacionales y encendiendo las alertas en las dependencias de fiscalización tributaria.
Implicaciones legales y postura de los señalados
Las autoridades mantienen bajo proceso penal a Ernesto Ruffo, señalado como uno de los presuntos líderes de esta trama de contrabando desde el pasado mes de julio. Durante las audiencias judiciales, la defensa legal rechazó las acusaciones directas y argumentó que la empresa productora del Estado operaba bajo un esquema donde la propia paraestatal participaba indirectamente en el desvío de los petrolíferos.
El caso del Huachicol Fiscal continúa bajo investigación exhaustiva en los tribunales federales, mientras las instituciones de seguridad buscan deslindar responsabilidades administrativas y penales entre los funcionarios y particulares involucrados. La revelación de envíos desde una instalación oficial propiedad de Pemex añade complejidad al combate gubernamental contra las redes de evasión fiscal y contrabando de energéticos en las fronteras del país.
