En una sorprendente revelación, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anunció hoy la detección de una trama de corrupción masiva en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), que involucra a empresas propiedad de ex servidores públicos y un fraude en el sistema de pensiones.
En la mañanera, Rodríguez Velázquez desglosó los hallazgos de lo que se ha denominado el “saqueo en el Issste“, que ha dejado a la institución “devastada” e incapaz de funcionar adecuadamente.
Uno de los problemas destacados es la privatización de los servicios médicos, con precios inflados desde 2007.
Lo que ha beneficiado a empresas cuyos propietarios incluyen a funcionarios públicos, políticos y testaferros.
Se estima que se otorgaron contratos por valor de 254 mil millones de pesos en todo el sector de la salud.
Con más de 88 mil millones de pesos destinados al Issste.
Además, se ha revelado un desabasto de medicamentos debido al robo sistemático, el abandono de las unidades médicas durante más de dos décadas sin mantenimiento y una escasez crítica de personal médico.
Lo que ha llevado a una falta de 36 mil trabajadores de la salud.
AMLO mencionó que dos de las denuncias ante la Fiscalía General de la República involucran al ex director del Issste, Miguel Ángel Yunes Linares, y al expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Corrupción en el Issste
En otro frente, Félix Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, informó sobre un fraude en el sistema de pensiones del Issste que afectó su patrimonio durante más de 12 años.
Con un daño estimado en 15 mil millones de pesos.
Ex trabajadores del Issste, en colaboración con abogados y servidores públicos, habrían tramitado miles de juicios fraudulentos en el norte del país para obtener pensiones más altas y beneficios indebidos.
El esquema implicaba la presentación de demandas ante tribunales incompetentes, con abogados que deliberadamente perdían los juicios.
Mientras los beneficiarios pagaban sobornos a funcionarios del Issste y a los despachos legales.
Hasta el momento, se han judicializado a 22 personas y se han vinculado a proceso a ocho individuos.
La Fiscalía General de la República está tramitando 31 denuncias en 25 carpetas de investigación relacionadas con este escándalo.
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