La entrega de Becas educativas en México enfrenta nuevos cuestionamientos tras reportarse irregularidades financieras por 592 millones de pesos, relacionadas con la administración y distribución de apoyos a estudiantes.
💸💸💸 ¿Hay algo en lo que @lopezobrador_ y @Claudiashein no esten haciendo fraude?, ahora se destapa cloaca en las becas, pero pronto trataran de ocultarlo, como todo lo demas.#GuacamayaLeaks pic.twitter.com/0s8vYvFGGN
— Guacamaya Leaks (@GuacamayanLeaks) October 9, 2026
El señalamiento pone bajo revisión los mecanismos utilizados para identificar beneficiarios, comprobar transferencias y verificar que los recursos públicos lleguen a sus destinatarios.
Sin embargo, es importante distinguir entre recursos observados por una auditoría y dinero cuyo desvío haya sido demostrado mediante una investigación.
Becas: ¿qué ocurrió con los 592 millones?
El monto reportado plantea interrogantes sobre los procedimientos de supervisión y comprobación de los apoyos económicos.
Entre los aspectos que deben aclararse están la identificación de los beneficiarios, la documentación de los pagos y la conciliación de los registros financieros.
La existencia de irregularidades administrativas no demuestra automáticamente que todos los recursos hayan sido robados o utilizados indebidamente.
Más de 94 mil tarjetas activas sin entregar
La revisión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identificó pagos por 592.3 millones de pesos a 67 mil 142 estudiantes cuyos datos no pudieron validarse ante el Registro Nacional de Población durante 2024 y 2025.
Además, detectó que el Banco del Bienestar no entregó 95 mil 960 tarjetas en 2024, aunque 94 mil 251 aparecían activas.
De esas cuentas, 1,078 recibieron depósitos por 8.6 millones de pesos. También se observaron 8.5 millones destinados a estudiantes de escuelas no prioritarias.
SEP responde: auditoría sigue abierta
La Secretaría de Educación Pública aclaró este 8 de octubre que las observaciones corresponden a una auditoría todavía en proceso.
La dependencia señaló que continúa proporcionando información para solventar los hallazgos y que estos no constituyen una conclusión definitiva sobre el destino del dinero.
El caso mantiene bajo revisión los controles del Banco del Bienestar y los mecanismos de validación de beneficiarios.
La pregunta pendiente es cuántos de los 592 millones de pesos podrán justificarse y si las autoridades determinarán responsabilidades administrativas o penales.




