La empresa productiva del Estado Pemex reportó pérdidas por 9 mil 180 millones de pesos entre los meses de abril y junio, cifra que equivale a un promedio diario de 101 millones de pesos debido al robo de crudo, gasolinas, diésel y turbosina.
Este quebranto financiero representa un incremento anual del 20% frente al mismo periodo del año previo, convirtiéndose en el registro más alto para un trimestre similar desde el año 2018, según los informes financieros de la institución.
Las extracciones ilícitas y las redes de mercado negro continúan golpeando severamente las finanzas corporativas de la petrolera mexicana.
Evolución del delito y el impacto del huachicol fiscal
Las modalidades delictivas asociadas al robo de combustibles evolucionaron hacia estructuras complejas de contrabando técnico y evasión fiscal, conocidas comúnmente como huachicol fiscal. Especialistas en el sector energético explicaron que estas prácticas ilegales involucran la importación de petrolíferos bajo fracciones arancelarias incorrectas para evadir el pago de impuestos federales como el IEPS y el IVA, además de la comercialización de mezclas adulteradas en estaciones de servicio.
Estas actividades ilícitas privan a la empresa de ingresos legítimos y alimentan un mercado informal que compite deslealmente con los distribuidores establecidos. Analistas consultados señalaron que la sustracción ilegal también ocurre mediante la manipulación de inventarios en terminales de almacenamiento y el desvío de pipas que operan fuera de los sistemas oficiales de control logístico.
Consecuencias financieras y operativas para la petrolera
La persistencia de estas actividades ilícitas limita drásticamente la capacidad de inversión de la compañía en proyectos estratégicos de exploración, mantenimiento y refinanciación. La merma en los ingresos petroleros presiona el presupuesto nacional en un momento crítico, marcado por pasivos financieros acumulados que superan los 100 mil millones de pesos entre la empresa y sus proveedores.
Las instancias gubernamentales y las corporaciones de seguridad federal enfrentan el reto mayúsculo de desmantelar las redes logísticas del contrabando de combustibles. Mientras las investigaciones sobre presuntas redes de complicidad institucional continúan su curso, la estabilidad operativa de la petrolera depende de frenar las fugas económicas derivadas de estas prácticas ilícitas.
