¡Ni para crear programas del Bienestar, sirven! Sí, el gobierno del “Bienestar” ha generado más problemas que soluciones. Solo el 18% de sus programas sociales cuentan con elementos para verificar su funcionamiento.
Durante la pandemia más del 50% de los programas sociales que se abrieron son vulnerables a cargos de corrupción; así lo señala un análisis de riesgo realizado por la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción (ITAC) del Tecnológico de Monterrey en conjunto con el centro de investigación GESOC.
El estudio: “Vigilancia ciudadana en el uso de recursos públicos frente al proceso electoral 2021 y la contingencia sanitaria de la Covid-19”, elaborado con la ayuda de la Herramienta de Identificación de Riesgos de Corrupción en Programas Sociales (HIRPROL); advierte que este mismo no encontró ningún programa que supere el 50% de la evaluación como los estándares solicitados para evitar actos de corrupción.
Se estudiaron 28 programas sociales emergentes en 8 estados de la República; fue llevado a cabo por 28 grupos universitarios del Tec de Monterrey de la mano de varias organizaciones sociales de diferentes estados.
Sobre los programas sociales:
De estos 28 programas sociales se encontró que ninguno cuenta con un comité de vigilancia ciudadana o mecanismo afín, lo que abre la puerta a la corrupción.
Además el 79% de los programas con un mecanismo de quejas y denuncias, sólo en el 18% cuentan con elementos que permiten verificar su funcionamiento.
Por otra parte, únicamente el 18% e los programas publican información cuánto a dispersión geográfica de recursos sólo el 29% se realizan alineados al presupuesto versus a lo implementado.
Asimismo, de los 28 programas analizados, únicamente 4 cuentan con auditorías financieras pero solo el 25% de los programas están sujetos a una evaluación de diseño en los términos de referencia(TdR) establecidos por Coneval.
“La falta de mecanismos de evaluación de estos programas propicia que se presenten actos de corrupción como el clientelismo político; práctica que persiste en nuestro entorno, tan solo recordemos los récords de vacunación contra la Covid-19 que se presentaron previos a las pasadas elecciones de junio de 2021”
Ana Olga Rodríguez Betancourt, coordinadora y líder del proyecto.
Finalmente solo al 50% de los programas sociales es posible localizar una convocatoria pública que facilite el acceso a la población a la información de los beneficios.
Por esto, el estudio llama a las dependencias correspondientes a establecer previsiones de corrupción iniciando por el diseño de los programas.
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