CCE: La reforma minera de AMLO va contra el T-MEC

CCE está preocupado… AMLO tiene su realidad bien alterada, ya que las concesiones que intenta restringir sobre actividades mineras en el país atentan contra el T-MEC.

De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), las reformas impulsadas por el Tata Andrés chocan con los acuerdos a los que se llegó con el Gobierno de Canadá y de Estados Unidos.

Y es que AMLO propuso con su reforma a la Ley Minera que sólo se entreguen concesiones de minas mediante concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios.

Dice que se trata de en esfuerzo por cuidar “al medio ambiente”.

Además, se agrega que se acorte la duración de los permisos de los 50 años actuales a 15 con posibilidad de una sola prórroga.

Sin embargo, los empresarios del CCE han demostrado su preocupación por esta reforma.

“Las iniciativas presentadas contienen normas contrarias al marco constitucional, tratados internacionales como el T-MEC y otros instrumentos comerciales, incluso, atentan contra las libertades individuales y los derechos humanos”.

Dijo la CCE en un comunicado

Según explicaron, sus preocupaciones se sustentan en análisis jurídicos y técnicos de especialistas del organismo y de su experiencia en la minería.

Además, que representa el 2,5 % de la economía nacional y su infraestructura.

De igual forma aseguran que los planes del presidente de México van en contra de un correcto desarrollo de la industria minera y de la infraestructura pública, lo que terminará perjudicando al país.

Al CCE también se unieron representantes de la Cámara Minera de México (Camimex), quienes expusieron el daño que esto representaría a la economía.

Y es que según explicaron, la reforma a la Ley Minera afectaría a un sector que invierte más de 4.000 millones de dólares al año con 406.000 empleos directos.

De igual forma, la agencia Moody’s Investors Service dijo lo siguiente:

“Si se aprueban como están propuestos, los cambios serán negativos a nivel crediticio para el sector minero, lo que incrementaría la carga regulatoria de los productores y elevaría el riesgo de la terminación temprana de sus actuales concesiones”.

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