¡Otra vez tú, Segalmex? Una vez más Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), está en el ojo de huracán.
Durante su comparecencia en el Senado de México, Víctor Manuel Villalobos, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que:
La institución ha desviado hasta 9 mil 500 millones de pesos. Además, al menos 53 personas, entre funcionarios y ex funcionarios del organismo, están involucradas en estos actos ilícitos.
A través de 84 actos de fiscalización (auditorías, visitas y verificaciones) la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó los actos de presunta corrupción de 2019 hasta 2021.
Las investigaciones correspondientes no sólo son realizadas por la SFP, sino por un grupo de trabajo conformado por:
- Secretaría de Gobernación y de Agricultura y Desarrollo Rural
- Procuraduría Fiscal de la Federación
- La Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
El objetivo de este grupo es dar seguimiento y buscar corregir la problemática que acontece en Seguridad Alimentaria Mexicana, Liconsa y Diconsa.
Por ello la SFP tiene abiertos 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas en el organismo.
No es la primera vez que el organismo es acusado de desvíos de recursos. De acuerdo con la Auditoría de Desempeño de la ASF de 2020, la Segalmex no acreditó información sobre los apoyos y subsidios que otorgó a productores de leche, ni los montos de recursos recibidos por la comercialización de frijol.
Pero sí acreditó el monto de los apoyos que brindó por la compra de maíz (278 millones 111 mil 200 pesos) y frijol (mil 545 millones 691 mil 300 pesos).
Sin embargo, no explicó el volumen vendido y su precio de venta. Por esta razón, la ASF no pudo determinar el costo real del subsidio.
Desde el 20 de octubre del 2022, 53 personas se encuentran bajo investigación por presuntos manejos irregulares y desvíos en Segalmex.
De esas 53 personas, 29 personas son ex servidores y servidores públicos y proveedores del organismo y 24 son personas jurídicas. Las denuncias corresponden al uso ilícito de atribuciones y facultades.
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