La presidenta Claudia Sheinbaum planteó ampliar las auditorías al Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar no solamente la administración de Guadalupe Taddei, sino también la de Lorenzo Córdova.
La propuesta surge en medio de la controversia por la salida de Taddei y los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones con proveedores electorales.
El anuncio abre una discusión: ¿la revisión permitirá esclarecer responsabilidades o desviará la atención de los cuestionamientos que motivaron la renuncia?
INE: Sheinbaum pide investigar otras administraciones
La mandataria sostuvo que las revisiones deben abarcar distintos periodos de gestión y no limitarse a los funcionarios recientemente señalados.
Esto incluiría la etapa encabezada por Lorenzo Córdova, quien presidió el organismo electoral entre 2014 y 2023.
Una auditoría de mayor alcance permitiría comparar procedimientos, contratos y mecanismos de supervisión utilizados durante diferentes administraciones.
Sin embargo, investigar periodos anteriores no sustituye la obligación de esclarecer los hechos recientes.
Contratos millonarios bajo cuestionamiento
Las investigaciones periodísticas sobre la gestión de Taddei han señalado posibles conflictos de interés y relaciones entre funcionarios y empresas proveedoras.
Estos señalamientos requieren verificar adjudicaciones, entregas, pagos y posibles responsabilidades administrativas.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuenta con atribuciones para fiscalizar recursos públicos federales, conforme a sus procedimientos legales.
Sus revisiones deben sustentarse en documentos y evidencia, independientemente de quién haya encabezado la institución.
¿Auditoría integral o distracción política?
La propuesta de Sheinbaum también genera preguntas sobre el momento elegido para solicitar una revisión más amplia.
El gobierno federal había expresado respaldo a Taddei, por lo que ahora enfrenta cuestionamientos sobre la supervisión de su administración.
No obstante, incluir a Lorenzo Córdova en una auditoría no implica que haya cometido irregularidades.
El desafío será investigar todas las gestiones con los mismos criterios, sin convertir la fiscalización en una disputa política.
Para esclarecer el caso, será indispensable identificar contratos específicos, determinar si hubo incumplimientos y publicar los resultados correspondientes.
La transparencia del INE dependerá de investigaciones verificables, no solamente de declaraciones públicas.
