Sheinbaum ordena transparentar filiales de Pemex y CFE

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para ampliar la información pública sobre las filiales de Pemex y la CFE.

El ordenamiento incluye contratos, estados financieros, informes presentados ante agencias extranjeras, reglas operativas y datos sobre gobierno corporativo.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que los contenidos deberán incorporarse a la Plataforma Nacional de Transparencia en un plazo máximo de 30 días hábiles.

La información será difundida mediante Pemex y CFE, con la participación de sus respectivos consejos de administración. También deberá mantenerse actualizada.

Sheinbaum sostuvo que el decreto establece criterios específicos y evita que cada funcionario decida qué datos deben hacerse públicos.

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Filiales habían rechazado solicitudes

Las leyes de Pemex y CFE consideran filiales a las empresas donde participan, directa o indirectamente, en más del 50% del capital.

Estas compañías se rigen por el derecho privado del lugar donde fueron constituidas y no son entidades paraestatales.

Ese régimen fue utilizado anteriormente para rechazar solicitudes de información sobre empresas como Gasolinas Bienestar, PMI Comercio Internacional y CFE Calificados.

El decreto también establece que los contratos del Gobierno federal deberán publicarse mensualmente. Hasta ahora, la actualización se realizaba cada tres meses.

Los órganos fiscalizadores divulgarán información sobre programas de auditoría, seguimiento de observaciones y contratación de despachos externos.

Buenrostro anunció además una iniciativa para reducir las 17 causales que permiten reservar información. La propuesta buscará concentrarlas en interés público y seguridad nacional.

También dará prioridad a las versiones públicas para evitar que documentos completos permanezcan ocultos cuando únicamente una sección sea reservada.

Sheinbaum enviará la reforma a la Ley General de Transparencia al Congreso al iniciar el próximo periodo ordinario de sesiones.

El decreto federal no obliga a los poderes Legislativo y Judicial, estados o municipios. Sin embargo, el Gobierno los invitará a adoptar la política de máxima publicidad, según EFE.

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