Si bien el rezago de citas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se empieza a resolver, expertos estiman que las empresas que lleguen a México como efecto del nearshoring se enfrentarán a retos fiscales que pueden generarles trabas o incertidumbre.
Antonio Zuazua, socio Líder de Impuestos Indirectos para América Latina de KPMG, sostuvo que para darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) todavía toma al menos un par de semanas.
Además, para obtener la e.firma se puede requerir una cita más, lo cual puede complicar el proceso para que una empresa se pueda dar de alta ante la autoridad fiscal, mencionó.
Retos en el SAT
Las empresas no pueden operar en el país sin constituirse como una sociedad mercantil y para ello un paso esencial es darse de alta ante el fisco.
Ante ello, consideró que los trámites fiscales representan un reto para aquellas compañías que buscan invertir en México como parte de la relocalización.
Eugenio Grageda, socio de la práctica fiscal de Holland & Knight, dijo que en el país todavía llegan a tardar alrededor de cuatro a cinco semanas para obtener una cita.
Previo a la pandemia de Covid-19 podían conseguirse en una semana.
Además, Zuazua detalló que la devolución por acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), toma más tiempo para empresas que empiezan a operar en el País.
Otro de los retos más importantes para las empresas, apuntó Grageda, es la obtención de la certificación del IVA y del IEPS.
Enfatizó que es sumamente importante conocer el proceso y los requerimientos para prevenir que el SAT decline otorgarla.
Advirtió que el fisco aún enfrenta rezagos en sus operaciones, por lo que en algunos casos tardan en obtener dicha certificación hasta cinco meses.
Nearshoring en México
Otro reto es la incertidumbre sobre ciertas obligaciones, entre ellas darse o no de alta en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (Repse).
Apuntó que pueden exigir a las empresas que lleguen a México como parte del nearshoring, ser parte del Repse aunque no sea necesario.
El temor es que si hay una auditoría del IMSS, se determine que sí tuvieron que registrarse y no lo hicieron, con lo que se perdería la posibilidad de deducir de impuestos el pago de servicios, explicó.
Con información de REFORMA.
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