Tren Maya: Tribunal Internacional lo declara ecocidio y etnocidio

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ha emitido un veredicto contundente: la construcción del Tren Maya constituye un ecocidio y etnocidio en el sureste de México. Esta sentencia responsabiliza al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos de la naturaleza y de los pueblos mayas.

Un veredicto que sacude al gobierno

El Tribunal, compuesto por juristas, economistas y ambientalistas internacionales, determinó que el Tren Maya vulnera los derechos de la tierra a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y a continuar sus ciclos vitales sin alteraciones humanas.

Además, se señala la violación de los derechos bioculturales del pueblo maya, quienes han sido y continúan siendo guardianes de su territorio, cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad y cultivos tradicionales. [1]

Definiciones clave: ecocidio y etnocidio

Para entender la gravedad de las acusaciones, es esencial definir los términos utilizados por el Tribunal:

  • Ecocidio: Se refiere a cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente. Estos daños incluyen cambios muy adversos, perturbaciones o daños notorios para cualquier elemento del medio ambiente, incluidos los efectos serios para la vida humana o los recursos naturales, culturales o económicos. [2]
  • Etnocidio: Ocurre cuando a un grupo étnico se le niega su derecho a disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura y su propia lengua, ya sea individual o colectivamente. Es una forma extrema de violación masiva de los derechos humanos, particularmente del derecho de los grupos étnicos al respeto de su identidad cultural. [2]

Impactos ambientales y sociales documentados

Durante una inspección realizada en 2025 a los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, el Tribunal constató impactos ambientales a gran escala, muchos de ellos irreversibles. Entre las afectaciones más graves destacan:

  • Deforestación masiva y pérdida de conectividad ecológica.
  • Destrucción de hábitats naturales de especies endémicas.
  • Alteración de los flujos hidrológicos, provocando inundaciones en zonas urbanas y agrícolas de Othón P. Blanco y Bacalar.
  • Daños a manglares y ecosistemas subterráneos, particularmente en el tramo 5, donde la maquinaria pesada perforó el terreno y se colocaron cientos de pilotes de hasta 40 metros de profundidad. [3]

Violaciones a derechos humanos y expansión militar

El dictamen también denuncia un “clima de suspensión de derechos y violencia institucional” en torno al proyecto. Según el organismo, la ejecución del Tren Maya se ha sustentado en vacíos legales, represión a comunidades mayas y militarización de la región. [3]

Reacciones y llamados a la acción

Ante este veredicto, diversas organizaciones ambientalistas y de derechos humanos han exigido al gobierno mexicano la suspensión inmediata del proyecto y la reparación integral de los daños causados.

Además, se insta a las autoridades a garantizar el derecho a la libre expresión y defensa del patrimonio biocultural de las comunidades afectadas. [4]

El gobierno federal, por su parte, ha defendido el proyecto argumentando que traerá desarrollo económico al sureste del país.

Sin embargo, las evidencias presentadas por el Tribunal y las denuncias de las comunidades locales ponen en entredicho los beneficios proclamados frente a los daños irreparables al medio ambiente y a la cultura maya.

En este contexto, la sociedad civil y la comunidad internacional observan con atención las acciones que el gobierno mexicano tomará en respuesta a este contundente veredicto.

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