La directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EU, Sara Carter, advirtió que la administración de Donald Trump mantiene en la mira a políticos y funcionarios mexicanos que presuntamente hayan colaborado o protegido a grupos del narcotráfico.
La funcionaria aseguró que la estrategia estadounidense ya no se enfoca únicamente en los cárteles, sino también en las redes políticas que facilitan sus operaciones.
Durante una entrevista difundida en EU, Carter afirmó que las autoridades han impulsado órdenes de captura, extradiciones e investigaciones contra personas vinculadas con organizaciones criminales.
Además, sostuvo que Washington está dispuesto a actuar contra quienes desde cargos públicos hayan permitido el crecimiento de grupos delictivos.
Las declaraciones ocurren en medio de una creciente presión del gobierno estadounidense sobre México para fortalecer las acciones contra el narcotráfico y las estructuras de protección política asociadas a los cárteles.
Estados Unidos amplía su ofensiva contra redes de protección política
Carter aseguró que las investigaciones alcanzan a funcionarios que presuntamente favorecieron las actividades de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa. También destacó que las autoridades estadounidenses buscan identificar y confiscar recursos financieros relacionados con estas redes.
La funcionaria reconoció que la cooperación con el gobierno de Claudia Sheinbaum ha permitido avances importantes en operativos contra líderes criminales y afirmó que nunca antes había observado un nivel similar de coordinación bilateral.
Las advertencias se producen semanas después de que fiscales estadounidenses señalaran que podrían presentarse nuevas acusaciones contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con cárteles de la droga.
Analistas consideran que esta postura podría incrementar la tensión diplomática entre ambos países, especialmente tras las acusaciones formuladas anteriormente contra funcionarios mexicanos por supuestos nexos con organizaciones criminales.
Aunque el gobierno mexicano ha insistido en la importancia de la cooperación bilateral, también ha solicitado que cualquier señalamiento sea respaldado con pruebas suficientes antes de emprender acciones judiciales o diplomáticas.
