Durante el periodo comprendido entre el inicio de las obras en 2020 y la inauguración de sus tramos en 2024, se documentaron un total de 2,740 reportes de desaparición. Principalmente en los estados de Quintana Roo, Chiapas, Yucatán, Campeche y Tabasco.
Este incremento en la incidencia delictiva coincidió con la llegada masiva de obreros, técnicos y personal especializado a las regiones del sureste del país para el desarrollo del Tren Maya. Esto ha sido posible gracias a una investigación de Latinus.
Análisis regional y testimonios de colectivos de búsqueda
Las estadísticas oficiales reflejan aumentos considerables en diversas entidades federativas. Quintana Roo pasó de registrar 59 casos en el año 2020 a 302 reportes al concluir 2024. Lo que representa un incremento superior al 400 por ciento. Casos similares se documentaron en Chiapas y Tabasco, donde las cifras de personas no localizadas escalaron de manera sostenida durante la ejecución de los trabajos ferroviarios.
Representantes de colectivos de madres buscadoras señalaron que las zonas de campamentos y los asentamientos provisionales creados para albergar a los trabajadores se convirtieron en espacios de disputa para las organizaciones delictivas.
Especialistas en seguridad pública indicaron que los grupos criminales fijaron su atención en los flujos de personal técnico y obrero. Lo que derivó en privaciones de la libertad e infiltraciones operativas en los frentes de obra.
Investigaciones ministeriales y repercusiones posteriores
A pesar de la conclusión de las labores de edificación en la mayoría de los tramos, los indicadores delictivos vinculados a las desapariciones continuaron registrando cifras elevadas en el sureste mexicano. Durante 2025, la entidad quintanarroense sumó 355 nuevos reportes oficiales, evidenciando que la problemática de seguridad trasciende la temporalidad de los proyectos de infraestructura federal.
Las instancias ministeriales federales mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer la participación de redes criminales en estos delitos. Sin embargo, las familias de las víctimas continúan exigiendo mayores recursos institucionales para las labores de localización, debido a que una gran parte de los afectados proviene de otras regiones del país y enfrenta dificultades económicas para dar seguimiento a las indagatorias.
