#Opinión: PEMEX – permiso para violar la ley
La apuesta del actual gobierno por convertir a Pemex en motor de la economía mexicana es un capricho presidencial.
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Lo seguirá siendo mientras Andrés Manuel López Obrador esté en Palacio Nacional.
Así lo dijo quien fuera su primer secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa.
Pretender volver a un modelo económico petrolizado propio de los años setentas es un asunto dogmático y no producto de un diagnóstico serio, analiza por su parte el académico Luis Rubio.
Ambos personajes tienen razón.
Como también la tiene el doctor Macario Schettino cuando señala que la visión económica de López Obrador es la que se le quedó anclada en su juventud:
Un país menos abierto al mundo y dependiente de una riqueza petrolera que nos sacó más o menos a flote por algunas décadas pero que ya se terminó.
El presidente de la República culpa a la reforma energética de la inviabilidad de Pemex cuando es exactamente al revés.
Las rondas petroleras, las asociaciones, los “farmouts” son -¿o eran?- apuestas a mediano y largo plazos que apenas empezaban a dar frutos de producción de crudo.
Tenían márgenes de rentabilidad al Estado mexicano que de otra forma no existirían.
Según la visión estatista, no importa que en estos días Petróleos Mexicanos pierda 600 mil millones de pesos.
El gobierno dobla la apuesta al colocar más dinero público en la mesa para cumplir una meta de producción inalcanzable -1.9 millones de barriles diarios- e interpone obstáculos legales a la única opción que queda para hacer rentable la extracción de hidrocarburos: la inversión privada.
No importa que ya no tengamos dinero para explorar en aguas profundas.
Hay que sacar el poco petróleo que queda someramente y ese nos alcanzará.
No importa que compremos gasolina más barata en el extranjero que lo que nos cuesta refinarla en viejas instalaciones o incluso lo que costaría en ese sueño guajiro de Dos Bocas.
La llamada “soberanía energética” nos hará más nacionalistas, aunque financieramente quebrados y competitivamente derrotados en los mercados internacionales.
¿Es posible que exista una excusa para tal despropósito? Para la mal llamada Cuarta Transformación sí la hay.
Durante la más reciente comparecencia ante la Cámara de Diputados, el director general de Pemex dijo algo increíble: la empresa de todos los mexicanos puede y debe violar la ley.
Al referirse al pago de multas a contratistas por incumplimiento de la empresa productiva del Estado mexicano simplemente dijo:
“Ya no les pagamos multa. Contractualmente tienen derecho pero moralmente no tienen ninguno. Les asiste la ley, pero no la razón, ni la ética ni la moral”.
¡No, bueno!
Pues ya no firmemos contratos y dejemos todo al garete.
Al fin y al cabo tenemos la bendición presidencial cuando se pregona desde Palacio Nacional que la justicia debe estar por encima de la ley.
¿No era al revés? ¿No son precisamente las reglas aceptadas por todos y su cumplimiento lo que propicia la justicia?
Por lo menos no en Pemex.
Y ese es el tipo de cosas que tienen pasmada en México a la inversión productiva.
No necesariamente la crisis provocada por una pandemia que no tiene para cuándo.
Tampoco la supuesta perversión del capital privado, de las empresas y de los empresarios.
Mucho menos, los estertores de un neoliberalismo al que quieren aniquilar por inanición.
La lamentable realidad de que nuestro país esté condenado a una nueva década perdida en materia de crecimiento económico tiene nombre y apellido: inseguridad jurídica.
Y cómo no si el agrónomo director de la petrolera nacional le dice al mundo que Pemex no está dispuesta a cumplir compromisos contractuales si éstos van en contra de la ética y de la moral, lo que eso signifique.
Ya llegó la degradación de los bonos financieros de la empresa que López Obrador quiere rescatar.
Llegará, de no corregir, la de los instrumentos con los que se financia el mismísimo gobierno federal en los mercados internacionales.
Y México pagará, ya lo hace, un precio muy alto, ese sí injusto, antiético y amoral.
Comentarios
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